Las últimas revisiones normativas refuerzan algo esencial: la comunicación entre el auditor y el Consejo de Administración (o, en su caso, los responsables de gobierno corporativo).
Hace unas semanas ya comenté aquí la entrada en vigor de las 𝗡𝗜𝗔-𝗘𝗦 𝟮𝟲𝟬𝗥 y 𝟳𝟬𝟬𝗥. Entonces subrayé la necesidad de informes más claros y mejor fundamentados. Hoy quiero detenerme en la otra cara de la moneda: el papel que debe asumir el propio Consejo.
- El auditor tiene ahora la obligación de trasladar con precisión los riesgos más relevantes, los juicios críticos y las limitaciones de alcance.
- Y el Consejo, por su parte, debe involucrarse de forma activa: escuchar, preguntar y asegurarse de que entiende las conclusiones antes de aprobar las cuentas.
La 260R pone el acento en esa conversación, mientras que la 700R redefine cómo se plasma en el informe final.
El resultado: documentos más claros, que dejan de ser un trámite y se convierten en herramientas de gobernanza.
En la práctica, esto significa que el Consejo ya no recibe un informe para archivar, sino un análisis que anticipa riesgos de control, continuidad o financiación.
👉 Mi experiencia es que cuando el Consejo se involucra, la auditoría se transforma en un espacio de confianza: el auditor aporta criterio y el órgano de gobierno refuerza su responsabilidad.
Porque al final, la utilidad del informe depende tanto de cómo se redacta como de cómo se interpreta en la mesa del Consejo
